GUERRA FRÍA ENTRE BLANCO Y SALGADO EN INFRAESTRUCTURAS
La comisión gubernamental (Economía, Fomento e Industria) que busca el pacto de Estado con los partidos de la oposición defiende limar asperezas y encontrar puntos de encuentro con el resto de las formaciones políticas: sumar más que restar.
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Sin embargo, se han abierto grietas en el seno de la troika, especialmente en la relación política entre Elena Salgado y José Blanco, por sus intereses enfrentados.
Los vínculos institucionales de la vicepresidenta económica y el ministro de Fomento no pasan por su mejor momento, por las implicaciones económicas del nuevo marco de la financiación de las concesionarias. Los ministros muestran en público un buen trato personal, pero en sus departamentos saltan chispas.
Desde la cartera que dirige Blanco quieren rescatar a las autopistas de peaje que no cumplen su plan de negocio, y para ello estudian una enmienda nonata que se inclina por aplicar las tesis de la patronal de las vías de peaje, Aseta. PP y CiU están de acuerdo en la necesidad de garantizar el equilibrio financiero de un sector que es punta de lanza de España en el exterior –siete de las 10 mayores concesionarias del mundo son españolas–. Y trabajan en ello con el PSOE.
Pero Hacienda retiene el asunto para evitar aumentar aún más el déficit y no disgustar a Bruselas. Desde Fomento afirman estar “muy enfadados” y hasta sumamente “cabreados” con Hacienda, ya que si no se salva a las autopistas las concesionarias no acudirán al plan extraordinario de obras público-privadas, que es la apuesta principal de Blanco para la legislatura y que se presentará este mes.
Enmienda
La enmienda se introduciría en la Ley de captación de financiación en los mercados por los concesionarios de obras públicas, en trámite parlamentario. El plazo para presentar modificaciones acaba el 9 de marzo, pero fuentes parlamentarias afirman que se ampliará por sexta vez “y las que hagan falta”.
La idea es compensar a las concesiones que no lleguen a un determinado umbral de rentabilidad. A esto se le sumarían los créditos participativos millonarios ya aprobados. “Esto sale más barato que lo que quiere Salgado, porque si no se hace caerían todas esas concesiones que están en apuros por circunstancias sobrevenidas, y tendría que responder el Estado”, aseguran las mismas fuentes.
Para Blanco se trata de un asunto vital, ya que de él depende que la banca mantenga la confianza en el modelo y respalde su plan extraordinario. Pero Salgado no transige, y no se expone ni al déficit ni a las reprimendas de la UE.
Austeridad
Pero “si se cae esta enmienda ya no hará falta presentar el plan extraordinario, porque ninguna empresa acudirá”, ahondan fuentes de la negociación. Otras fuentes, esta vez de Fomento, van más allá y aseguran que, en cuanto a este tema, ni siquiera se hablan con sus homólogos de Hacienda.
Salgado y su número dos, José Manuel Campa, no estarían llevando el tema directamente, pero sus funcionarios son el blanco de todas las iras.
Este tira y afloja se ha recrudecido con el plan de austeridad, que ha penalizado sobre todo a Fomento, al que se le eliminan 1.700 millones de gasto.
Blanco trata de capear la papeleta con fusiones de empresas públicas, reducciones salariales y despidos de altos cargos. Por todo esto, afirma que tendrá que “prolongar” la ejecución de alguna de las obras públicas previstas “para cumplir con los objetivos de déficit”. Insistió en que “en ningún caso habrá paralización de inversión en obra pública, pero sí un ajuste”.
Los técnicos de Fomento consultados arguyen que su plan público-privado no computará en déficit, ya que, dentro del sistema de pagos por la disponibilidad de las obras se contemplarán sanciones al incumplimiento. Algo que Bruselas seguirá muy de cerca. |
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